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EDITORIAL N° 3 - ANTE LA INFLACIÓN DE TRES DÍGITOS CÓMO FIJAR LA BASE DE UNA POLÍTICA SALARIAL PARA EL 2016

 
 
Venezuela vive una realidad socio económica única, de más de 30 años de inflación sostenida y sin suficiencia en los aumentos salariales.

La empresa debe hacer lo necesario para sobrevivir, pero siempre tomando en cuenta que el activo más importante con que cuenta son sus trabajadores, y tenemos que permitirles a ellos también subsistir, siendo la mejor opción esperar el próximo aumento de salario mínimo y en función del mismo ajustar hacia arriba y otorgar beneficios sociales que seguramente superan al salario, pero por ahora lo que importa es el que el trabajador pueda satisfacer sus necesidades básicas.

 
 

En los últimos años, se ha producido una cadena incontenible de deterioro del poder adquisitivo del bolívar, en la que marchan paralelamente -con sus devastadores efectos- la inflación y la devaluación, impulsando a la Administración Pública a decretar  aumentos compulsivos del salario mínimo.  

En cuanto al salario mínimo, cabe destacar que tanto en la novedosa Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, como en la Ley Orgánica del Trabajo vigente (LOTTT) de 2012, se establecen mecanismos específicos para la fijación de un salario mínimo vital y un salario suficiente. En conformidad con dicha preceptiva, el Estado se obliga a garantizar este derecho utilizando dos normas de la LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS:

 

Artículo 98. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades materiales, sociales e intelectuales. El salario goza de la protección especial del Estado y constituye un crédito laboral de exigibilidad inmediata.

Toda mora en su pago genera intereses.

 

Artículo 129. El Estado garantiza a los trabajadores y las trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo que será ajustado cada año, conforme a lo establecido en la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El salario mínimo será igual para todos los trabajadores y las trabajadoras en el territorio nacional y deberá pagarse en moneda de curso legal. En consecuencia, no podrá establecerse discriminación alguna en su monto o disfrute, incluyendo aquellas fundadas en razones geográficas, ramas de actividad económica o categoría de trabajadores y trabajadoras. No podrá pactarse un salario inferior al establecido como salario mínimo por el Ejecutivo Nacional.

Previo estudio y mediante Decreto, el Ejecutivo Nacional fijará cada año el salario mínimo. A tal efecto, mediante amplia consulta conocerá las opiniones de las distintas organizaciones sociales e instituciones en materia socioeconómica.

 

En el transcurso del tiempo, el Ejecutivo no ha sido suficientemente previsivo al hacer uso de este medio coactivo de incremento del salario, pues sus representantes no se dan cuenta que la inflación no sólo desencadena un aumento de los precios, sino que surte el efecto nocivo de igualar la nómina de las empresas, toda vez que al elevar el monto del salario mínimo fuerza a éstas a un corrimiento de la escala salarial, que la mayoría de las empresas no puede soportar, y por lo tanto, represan los salarios de la nómina media, generando su aplanamiento y trae como consecuencia que los salarios tiendan al mínimo. Las cifras del Centro de Documentación y Análisis Social (CENDA), así lo demuestran: pese a que el 41% del sector formal de la economía percibe un salario mínimo, el ejecutivo reconoce sólo un 18% de la Población Económicamente Activa (PEA). Esta diferencia del 23% se debe a que el Ejecutivo toma dentro del concepto de salario mínimo nacional, los ingresos por Ticket derivados de la Ley del Cestaticket. Sin embargo, las cifras del CENDA se ajustan a la realidad. La canasta básica alimentaria tiene un precio regulado de 121.975,4 bolívares, es decir, que en la actualidad se necesitan 10,5 salarios mínimos (11.577,81 bolívares) para adquirir la canasta alimentaria para cinco miembros. Lo que indica de igual manera, que no existe movilidad social en Venezuela. 

        

Aun cuando la facultad de incrementar el salario estaba consagrada en la LOT desde 1936, sólo puntualmente el Ejecutivo hizo uso de esa atribución luego del “Viernes Negro”, fecha de inicio del período sostenido de inflación de dos (2) dígitos, que en los dos últimos años alcanzó los tres (3) dígitos. 

Desde la década de los 90’ en Venezuela se produjo la apertura económica basada en lo que hoy se denomina el “modelo neoliberal”. Socialmente, fue el período más convulso de la historia reciente de la República y, al cual se le opondría en la década siguiente un modelo de aparente signo contrario, pero con consecuencias similares.        

Lamentablemente, social y económicamente el país sigue sumergido en la pobreza, la desigualdad de clases, la improductividad, la dependencia petrolera y externa, además problemas como la centralización y la concentración de la población se han agudizado.

        

La clave para comprender esta aparente dicotomía está en que las causas de todos estos problemas no han sido atacadas: educación, diversificación de la economía y un modelo racional de ocupación del espacio.        

A continuación se demuestra que aparentes relaciones consideradas como negativas, no son sino la respuesta espontánea e inteligente a la falta de planificación en las políticas públicas.

          Una afirmación muy difundida, es aquella según la cual se asevera que en casi un millón de kilómetros cuadrados de territorio, los habitantes de Venezuela se obstinan en vivir en el 20% de esa superficie, hacinados, sufriendo la inseguridad, el stress con sus consecuencias psicosomáticas devastadoras y viviendo en ranchos.  

         Por el contrario, queda demostrado que la reconcentración urbana le permite a los ciudadanos una mayor calidad de vida; en los términos occidentales y culturales dominantes. El vivir en amplios espacios que inclusive pudiesen ser bucólicos pero carentes de las condiciones mínimas para la existencia: educación, salud y recursos económicos hace muy difícil la sobrevivencia en los mismos.

        

         Ni  el salario en sí mismo, ni tampoco el incremento del costo de la vida se comportan de igual manera que la concentración urbana, como se demuestra  en la región capital, donde el trabajador del sector formal de la economía obtiene  el salario real más bajo, pero tiene el mejor indicador de calidad de vida 

En general, el fenómeno de la inflación tiene lugar cuando la escasez de bienes y servicios suben los precios, y entonces el Ejecutivo acude al expediente de aumentar compulsivamente los salarios, lo que ocasiona que la moneda pierda su poder adquisitivo; más si justo por la escasez se fomenta la producción para satisfacer la demanda, esto genera un mayor empleo. Por esto, cabe decir que la relación entre inflación y desempleo es inversamente proporcional: a mayor inflación menor desempleo. Esto es natural, pues si se incrementa la actividad económica se requiere de una mayor fuerza de trabajo, lo que a su vez aumenta el consumo, al producir mayor demanda, impulsando los precios hacia el alza y generando más inflación.        

El salario mínimo nacional en sí mismo no resuelve ni siquiera el problema base de la pirámide de Maslow: la alimentación. La Canasta Básica alimentaria ha estado en la mayor parte de la historia republicana reciente inaccesible al mismo. El salario mínimo nacional debería ser la contraprestación más adecuada por los servicios prestados bajo la relación de dependencia productiva, que sea fruto del mutuo acuerdo o la fijación sectorial y geográfica donde la productividad promedio así lo justifique; de otra manera, su naturaleza es inflacionaria. Si el crecimiento económico está sustentado en la productividad, se deben mejorar las remuneraciones, y si la inflación está controlada, el salario real puede crecer y los niveles de pobreza tenderían a reducirse. Mientras que la economía no esté en capacidad de generar remuneraciones que crezcan en términos reales, no habrá reducción de la pobreza. En este sentido, si los salarios reales continúan deteriorándose, la pobreza continuará aumentando. Refiriendo estos asuntos a Venezuela, se puede afirmar que cada punto porcentual de desempleo tiene un mayor costo social en términos de pobreza que un punto porcentual de inflación, y que este costo se hace mayor cuando se trata de pobreza crítica. (Riutort, 2002). Es decir, si la economía crece el desempleo tiende a reducirse, y por lo tanto, se reduce la pobreza, sobre todo la pobreza crítica. 

Esta realidad socio económica es única en la historia contemporánea mundial. Estamos hablando de más de 30 años de inflación sostenida y sin suficiencia en los aumentos salariales en su mayoría compulsivos y no fruto de la productividad, lo que impide haber tenido en este período un salario real suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades materiales, sociales e intelectuales, como lo obliga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la LOTTT, y en este último lustro 2011 -2016, llevándonos a la antesala de la hiperinflación. Produciéndose un sisma en la familia venezolana y la desmoralización de su sociedad que se está haciendo cada día más pobre con muy remotas esperanzas de reestablecer la clase media y ganar la batalla contra la pobreza que haciendo un reconocimiento al gobierno, éste había logrado parcialmente a través de las Misiones reducir en buena medida.

 

COMO COMPENSAR AL TRABAJADOR  EN EL 2016.

 

Seguramente su empresa ha tenido que incrementar los precios durante el 2015 y lo que va del 2016 en una cifra promedio entre 150% y 200% como mínimo, por supuesto quedando afuera las reguladas por el ejecutivo. Estos aumentos simplemente permiten sobrevivir a las empresas pero el activo más importante de las mismas son sus trabajadores, por lo tanto, tenemos que permitirles a ellos también sobrevivir.

 

Muchas instituciones especializadas calculan la inflación de 2016 por encima del 300%. Tenemos como referencia que la canasta alimentaria superó los 120.000 bolívares en marzo. Se dice que estadísticamente se calcula que una canasta alimentaria debe ser financiada por lo menos por dos trabajadores de una familia de cinco miembros. Si estamos obligados a aplicar la norma constitucional, que señala:

 

Artículo 91. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantiza el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley.

El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La Ley establecerá la forma y el procedimiento.

 

Debemos indexar el salario mínimo a el costo de la canasta básica – el concepto queda difuso, entra alimentaria y  la básica familiar- por lo tanto, si tomamos en cuenta la alimentaria y se requieren de dos salarios mínimos para cada familia de cinco (5) miembros, la cuantía de estos sería para Marzo de Bolívares de Bs. 60.987,7 cada uno y hoy apenas alcanza los 11.577,81 bolívares) el 18, 98% de lo necesario, simplemente para alimentarse.

 

Sin producción, ni productividad, fijarlos en ese monto significaría más inflación y el total aplanamiento de la nómina, desapareciendo los obreros especializados, profesionales y gerentes medios, a los cuales no podríamos pagar los salarios que corresponden a sus cargos y cumplir con el principio constitucional de a trabajo igual salario igual.

 

Se comenta con frecuencia el carácter programático de la norma antes descrita, ya que remite a la ley, la forma y procedimientos, esta es una interpretación fallida, ya que la premisa mayor, el mandato constitucional es inequívoco:


“El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”; la forma y procedimiento son secundarios y accesorios.

 

¿Qué hacer?

 

Esperar el próximo aumento de salario mínimo que otorgue el gobierno y en función del mismo ajustar hacia arriba y otorgar beneficios sociales que seguramente superan al salario pero por ahora lo que importa es el poder de compra del trabajador, llevándolo a que pueda  acceder a la mitad de la canasta alimentaria. En cuanto a la proporción pensamos que en épocas de aumentos desproporcionados del costo de la vida, tales disposiciones previstas en leyes como la del Cestaticket, no aplican, prueba de ello la acaba de dar el propio ejecutivo quien otorgó un beneficio de alimentación superior al salario mínimo.

 

Debemos agregar que la financiación de estos aumentos, amén de los referidos incrementos en los precios de bienes y servicios, de los cuales se puede destinar una parte proporcional a los salarios y beneficios sociales, es posible obtenerla a través de préstamos bancarios, ya que la tasa activa promedio en los momentos actuales no supera el 25%. Este costo frente al de la inflación proyectada de tres dígitos hace que se pueda garantizar los repagos a la banca y sea un mecanismo excelente  para la adquisición de activos y la inversión en  el principal valor de la empresa: sus trabajadores.

 

Es de hacer notar que el temor del crecimiento de los pasivos laborales por efecto del incremento sustantivo de los salarios, se convierte en sal y agua, tanto para ellos como para el empleador, ya que como son a largo plazo, se los devora la inflación. Esto ocurre inclusive en los casos más complejos como la retroactividad de las prestaciones sociales, ya que aun multiplicando, un último salario por toda la antigüedad de servicio teniendo como límite el 19 de junio de 1997, difícilmente superará a la inflación acumulada desde esa fecha al día de la liquidación.

 

Las empresas que tengan dólares, se les facilita por la alta convertibilidad el pago de dichos pasivos.

 

No queremos insinuar que ésta sea la solución al problema, sino una manera estratégica de sobrevivir, mientras se resuelve el problema de fondo,  LA INFLACIÓN, que como bien se ha dicho es el fenómeno más destructor de cualquier economía y se resume en: mucho dinero detrás de pocos bienes; por lo tanto , la solución es producir y emitir el dinero directamente proporcional a esa producción.

 

 

Juan David Porras Santana

          Presidente  

 

 

SUMARIO GACETA OFICIAL Nº 41.135 DEL 21/04/2017
RESUMEN SEMANAL DEL ÁMBITO LABORAL
RESUMEN SEMANAL DE SEGURIDAD SOCIAL
RESUMEN SEMANAL DEL ÁMBITO TRIBUTARIO
TASAS DE INTERÉS PARA EL CÁLCULO DE LOS INTERESES MORATORIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017
TASAS DE INTERÉS SOBRE PRESTACIONES SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO
AVANCE EXTRAORDINARIO N° 14/2017. LEGISLACIÓN LABORAL. REQUISITOS PARA INCLUSIÓN DEL SUELDO DE DIRECTORES EN BASE DE CÁLCULO DEL APORTE PATRONAL AL INCES
AVANCE EXTRAORDINARIO N° 15/2017. LEGISLACIÓN LABORAL. DECRETADOS COMO NO LABORABLES LOS DÍAS 10, 11 Y 12 DE ABRIL SÓLO PARA EL SECTOR PÚBLICO
AVISO OFICIAL DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
AVANCE EXTRAORDINARIO N° 05 DE 2017. SEGURIDAD SOCIAL. DETERMINACIÓN DE MULTAS POR EL INPSASEL, SEGÚN TRABAJADORES EXPUESTOS
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